El Tribunal Supremo de EE.UU. examinará la legalidad del veto migratorio de Trump en la frontera sur

El viernes 13 de noviembre de 2026, el máximo tribunal estadounidense admitió el recurso del gobierno del presidente Donald Trump en el caso Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (expediente 26-239). La orden limita el examen a dos de las tres cuestiones planteadas: la legalidad de la Proclamación 10888 y de la guía implementada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y si la ley federal impide el alivio judicial de alcance colectivo. No se revisará la definición de la clase demandante.

La medida, titulada “Guaranteeing the States Protection Against Invasion”, fue firmada el mismo día en que Trump inició su segundo mandato. Declara que existe una “invasión” en la frontera sur y, con base en los artículos 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), suspende la entrada de extranjeros “involucrados en la invasión” y les restringe el acceso a disposiciones que permitirían su permanencia, incluido el derecho a solicitar asilo bajo la sección 208 del INA.

Fallos inferiores y posiciones enfrentadas

Un tribunal de distrito en Washington, a cargo del juez Randolph Moss, y posteriormente un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia declararon ilegal la política. El panel mayoritario, con la jueza J. Michelle Childs, sostuvo que el texto, la estructura y la historia de la ley migratoria federal muestran que el Congreso no autorizó al Ejecutivo a crear un sistema de remoción que eluda los procedimientos estatutarios y descarte el derecho a solicitar asilo o protección contra la deportación.

El gobierno, representado por el Solicitor General D. John Sauer, argumenta que suspender la entrada ilegal y impedir el acceso al asilo constituye “las piezas más importantes y efectivas de la respuesta del Presidente”. Sostiene que el Ejecutivo actuó dentro de sus facultades inherentes y delegadas al indicar de forma anticipada que las solicitudes de asilo de quienes violen la suspensión de entrada serían denegadas y que no es necesario aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.

Los demandantes —13 personas y organizaciones como RAICES, el ACLU, el National Immigrant Justice Center y el Center for Gender & Refugee Studies— sostienen lo contrario. Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del ACLU, afirmó: “The president does not have the right to unilaterally override the protections Congress has afforded those fleeing danger. The courts are right to reject this unprecedented power grab that would put countless lives in danger”.

Las restricciones permanecen en vigor porque el Circuito de D.C. suspendió su propio fallo mientras se tramita la apelación. El Tribunal Supremo escuchará argumentos en los próximos meses (previsiblemente en la primavera de 2027) y se espera una sentencia antes de que concluya el término judicial en junio de 2027.

Contexto y datos fronterizos

La proclamación se inserta en un conjunto de medidas del segundo mandato de Trump orientadas a reducir los cruces irregulares. Datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportan una caída significativa de los encuentros en la frontera suroeste durante el año fiscal 2026 respecto de los niveles registrados en administraciones anteriores. La administración atribuye el descenso, entre otros factores, a esta política. Los demandantes han señalado que los cruces ya mostraban una tendencia a la baja antes de enero de 2025 y que cualquier herramienta adicional debe provenir del Congreso.

El caso es distinto de la decisión de junio de 2026 sobre la práctica conocida como “metering”, en la que el Supremo resolvió por 6 a 3 que los migrantes que permanecen del lado mexicano de la frontera no han “llegado” a Estados Unidos a efectos de solicitar asilo.

El litigio pone de relieve la tensión entre la autoridad ejecutiva para controlar la entrada y las garantías estatutarias de acceso al sistema de asilo. La resolución del Supremo definirá el alcance de la potestad presidencial para restringir de manera categórica ese acceso y el margen de los tribunales inferiores para ordenar alivios de alcance colectivo en materia migratoria.

Las partes presentarán sus alegatos orales en los próximos meses. La decisión se emitirá antes de finales de junio de 2027. Mientras tanto, la prohibición de solicitar asilo en la frontera sur permanece vigente.

Fuentes consultadas

• SCOTUSblog – Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (26-239) y cobertura del 13 de noviembre de 2026: scotusblog.com/2026/11/supreme-court-agrees-to-hear-case-on-trump-administrations-suspension-of-asylum

• Casa Blanca – Proclamación “Guaranteeing the States Protection Against Invasion” (20 de enero de 2025): whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/guaranteeing-the-states-protection-against-invasion

• ACLU – Comunicado sobre la admisión del caso: aclu.org/press-releases/supreme-court-to-hear-challenge-to-trump-proclamation-eliminating-asylum

• U.S. Customs and Border Protection / DHS – Datos de encuentros fronterizos y comunicados de año fiscal 2026: cbp.gov

• Reuters, CBS News, The Guardian y Los Angeles Times – Cobertura del 13 de noviembre de 2026.

Nota editorial de Politicus

Esta publicación fue elaborada por el equipo de redacción de Politicus mediante un proceso de investigación documental, verificación de datos, contrastación de fuentes y revisión editorial bajo criterios de rigor periodístico. La información presentada fue sometida a procesos de fact-checking y validación con fuentes públicas, oficiales y verificables disponibles al momento de su publicación.